El gobernador Ron DeSantis elogió la decisión de la administración Trump de eliminar las protecciones temporales para los inmigrantes venezolanos y dijo que Florida seguiría la orientación del gobierno federal en el manejo de las consecuencias.
Los comentarios del gobernador se dieron el jueves, dos días después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. revocara la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 600,000 venezolanos.
Florida tiene la mayor población de inmigrantes con TPS, lo que les protege de la deportación y les permite trabajar, y casi el 60% de ellos son venezolanos, según un informe de diciembre del Servicio de Investigación del Congreso.
La inestabilidad del gobierno venezolano llevó a la administración Biden a otorgar el TPS a los venezolanos en 2021 y expandirlo en 2023 bajo el programa aprobado por el Congreso.
“Quiero que ayudemos a los federales en la forma en que quieren manejar eso”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa el jueves por la mañana en el Centro de Entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. “La concesión del TPS no fue legal, seamos honestos, cuando Biden hizo eso. Así que creo que lo que está haciendo la administración Trump es simplemente consistente con lo que dice la ley, y creo que están tomando la decisión correcta”.
Aquellos que obtuvieron la protección temporal en 2023 la mantendrán hasta el 2 de abril, y quienes están bajo TPS desde 2021 perderán el estatus el 10 de septiembre, según un informe de la oficina de States Newsroom en Washington D.C. La secretaria del DHS, Kristi Noem, tiene hasta el sábado para decidir si extiende las protecciones para los beneficiarios de TPS de 2023 y hasta el 12 de julio para quienes recibieron el estatus en 2021.
Tres congresistas republicanos del sur de Florida emitieron el miércoles un comunicado en apoyo a los venezolanos, afirmando que el país no era seguro para que las personas que se habían asentado en EE.UU. regresaran.
“El pueblo venezolano ha soportado represión, corrupción y abusos contra los derechos humanos durante demasiado tiempo en Venezuela, y aún no es seguro para muchos regresar”, escribieron los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar. “Seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que aquellos que buscan libertad de la persecución y la opresión estén protegidos”.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus con sede en Florida, en un comunicado conjunto con la Florida Immigrant Coalition el miércoles, instó a los venezolanos a buscar asesoría legal.
“El régimen de Nicolás Maduro ha sido ampliamente condenado por encarcelar, torturar e incluso asesinar a disidentes políticos”, escribió Ferro. “Para muchos venezolanos, como yo, regresar a casa no es una opción, es una sentencia de muerte”.