CENTRO Tampa
TAMPA - Jorge y Delmy García no pierden la esperanza ni el buen humor. La pareja, originaria de Honduras, lleva más de 20 años esperando resolver su situación legal y ser residentes permanentes.
Piensan en ello a menudo.
Los García ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 1989 cruzando la frontera con Texas. Salieron de Honduras para escapar de la violencia, la corrupción y la pobreza. Vivieron en las sombras hasta 1999, cuando se les concedió lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS). Desde entonces han estado viviendo y trabajando sin temor a ser deportados.
Pero hace una semana se enteraron de que la Corte Suprema dictaminó que los inmigrantes que reciben TPS después de ingresar ilegalmente al país no son elegibles para solicitar tarjetas verdes para permanecer en el país de forma permanente. La regla dice que los titulares de TPS solo pueden obtener la residencia permanente a través de familiares o patrocinadores solo si tuvieron una entrada legal a Estados Unidos.
“Es una noticia muy triste que nos afecta emocionalmente a todos los que tenemos TPS. Con nuestro trabajo y esfuerzo hemos colaborado con el desarrollo de este país”, dijo Jorge García, de 53 años.
El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal en 1990 para los inmigrantes que buscan escapar de los estragos de la guerra y los desastres naturales en países selectos de América Latina, África y el Caribe.
El TPS tiene una duración de 18 meses y, a menudo, se renueva automáticamente. Protege a 411,000 inmigrantes de 12 países, incluidos unos 250,000 de El Salvador, 80,000 de Honduras y 4,500 de Nicaragua. La renovación tien un costo para todos los cobijados por el TPS.
Los García, de Tampa, tienen 3 hijos, todos nacidos en Estados Unidos: Jorge, 21; Enzo, 17; y Luis, de 12 años. La pareja dijo que nunca le pidieron ayuda al gobierno. Su esfuerzo y compromiso por sacar adelante a la familia ha sido el motor que los ha animado a seguir luchando por una vida mejor.
“Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestros propios esfuerzos”, dijo Delmy, de 50 años. “Nadie nos ha dado nada”.
La pareja dijo que la Corte Suprema falló sin pensar en el impacto humanitario. Jorge García trabaja como carpintero en la industria de la construcción. Su esposa ha aceptado cualquier trabajo que pudo encontrar: limpiando oficinas y restaurantes, trabajando en hoteles y en la construcción. Nunca dejaron de trabajar por el coronavirus.
“Para nosotros el trabajo lo es todo, por eso no pedimos mucho”, dijo Jorge. “Solo la esperanza y la tranquilidad de que algún día podamos tener la oportunidad de tener una tarjeta verde”.
Los García dijeron que no pueden regresar a Honduras porque sus vidas están en Estados Unidos.
“En Honduras no hay trabajo, la economía está mal y no hay seguridad”, afirmó Jorge.
Claudia Laínez, organizadora regional del Nacional T.P.S. Alliance, una organización de base con sede en Los Ángeles, calificó la decisión de la Corte Suprema como un gran golpe contra una de las únicas vías disponibles para que las familias ajusten su estatus.
“Esto no disuadirá nuestra lucha por obtener tarjetas de residencia para todos los titulares de TPS”, dijo Laínez. “Esta noticia solo enfatiza el hecho de que el Congreso debe actuar ahora para garantizar la residencia permanente y para que el presidente Biden expanda el estatus de TPS a todos los que lo merecen”.
El TPS estuvo bajo el radar durante la administración del expresidente Donald Trump, quien quería ponerle fin para frenar la inmigración. Las impugnaciones judiciales de defensores de los inmigrantes y varias demandas bloquearon los intentos de cancelación. Pero en septiembre, una corte federal de apelaciones se puso del lado de la administración Trump, que acordó mantener el TPS hasta principios de 2021.
El programa se mantiene bajo la presidencia de Joe Biden.
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Honduran Marlon Cruz regretted the situation. He said most of TPS holders have no future or options in their home countries.
Marlon Cruz, un hondureño de 55 años, tiene Estatus de Protección Temporal desde 1999. Justo luego del impacto del Huracán Mitch que devastó la mayoría de Centroamérica. Cruz, quien ahora vive en Miami, ingresó ilegalmente a Estados Unidos, a través de la frontera con Matamoros, México.
En 2018 viajó a Honduras por un par de semanas con un permiso especial de las autoridades migratorias conocido como “libertad condicional”. A su regreso a Estados Unidos fue “admitido legalmente”. Ahora Cruz califica para solicitar una tarjeta de residencia bajo un proceso llamado “ajuste de estatus” porque tiene un hijo adulto que es ciudadano estadounidense y lo está solicitando.
“No fue una decisión fácil viajar a Honduras porque realmente no sabes lo que puede pasar cuando regreses”, dijo Cruz. “No hay nada garantizado de que te dejen entrar”.
Cruz lamentó la situación de los titulares de TPS porque la mayoría de ellos no tienen futuro ni opciones en sus países de origen.
“Es como si te lanzaran sin paracaídas, sin nada para amortiguar la caída”, dijo Cruz.
Hace apenas unos días la vicepresidenta Kamala Harris anunció compromisos de una decena de empresas y organizaciones para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador. El esfuerzo es parte de los planes de la administración de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región.
Lurvin Lizardo, ama de llaves de Tampa y activista de la comunidad hispana, dijo que una reforma migratoria integral es la única clave para abrir un camino para millones.
“Es lo correcto en términos humanitarios y prácticos”, dijo Lizardo, quien ha estado trabajando durante varios años para promover conversaciones sobre los titulares de TPS.
El mes pasado, la Cámara aprobó un proyecto de ley que crearía un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente cuatro millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los titulares de TPS. Otra iniciativa, del presidente Joe Biden, la Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021, permitiría a las personas que estaban en los Estados Unidos antes del 1 de enero solicitar la residencia permanente o tarjetas verdes, y ponerlas en un camino de ocho años hacia la ciudadanía.
Lisette Sánchez, una abogada de inmigración en Tampa, dijo que el Congreso tiene que crear una legislación más agresiva a favor de los titulares de TPS. También dijo que la Corte Suprema tomó una decisión decepcionante.
“Fue injusto por todos los medios”, dijo Sánchez. “Los titulares de TPS merecen la posibilidad de convertirse en residentes ya que se han ganado su lugar en nuestra sociedad. Es una vergüenza.”
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, un grupo comunitario hondureño en Florida, dijo que es importante recordar que los inmigrantes con TPS son personas que huyeron de problemas extraordinarios en sus países de origen.
“Otorgar estatus permanente a los titulares de TPS es la forma correcta de hacerlo”, dijo Flores. “No hay duda de eso”.
La administración de Biden dice que el programa garantiza protecciones para las personas que no pueden regresar a casa de manera segura.
Pero Spencer Raley, investigador asociado de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), un grupo antiinmigración en Washington D.C., dijo que el TPS nunca tuvo la intención de actuar “como una vía para el reasentamiento de extranjeros ilegales”.
“La Corte Suprema también señaló que el TPS es simplemente un aplazamiento temporal de la deportación y de ninguna manera constituye un medio legal de residencia en Estados Unidos”, dijo Raley.
