Por Christopher Sherman
UPALA, Costa Rica (AP) — En el norte de Costa Rica, varios cientos de refugiados nicaragüenses sobreviven a fuerza de machetes y de la convicción de que podrían ser encarcelados o asesinados si regresan a su país.
En octubre del año pasado una pequeña avanzada de campesinos nicaragüenses se instaló en unas 117 hectáreas alquiladas que no habían sido cultivadas desde hacía 40 años. El objetivo era subsistir de la única forme en que saben hacerlo y contar con un sitio seguro donde esperar que se acabe la represión del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Dormían en el piso bajo toldos, se despertaban entre víboras y trabajaban desde la salida del sol hasta el anochecer despejando la tierra para plantar bananas, frijoles, yuca y maíz.
Son un pequeño porcentaje de los aproximadamente 75,000 nicaragüenses que han pedido asilo en Costa Rica desde que Nicaragua se hundió en una crisis política en abril del 2018, aunque las autoridades creen que esa cifra podría llegar a 125.000 --más del 2% de la población costarricense-- hacia fin de año. Su espíritu emprendedor, el empeño que ponen en su trabajo y su objetivo de ser autosuficientes han llamado la atención de las Naciones Unidas y generado el respeto de los costarricenses.
Al frente de esta comunidad de refugiados está Francisca Ramírez, una abuela de 43 años conocida como “Doña Chica”. Campesina y activista de la localidad nicaragüense de Nueva Guinea, tiene contactos con Washington y Bruselas que explota cada vez que puede para mejorar la situación de los refugiados. Cuando el secretario de estado estadounidense Mike Pompeo visitó Costa Rica en enero, Ramírez se reunió con él.
Doña Chica y su gente se instalaron en un terreno de cultivo que parecía una selva y han surgido asentamientos en otras partes del norte de Costa Rica. Producen la comida que consumen y generan dos cosas que Ramírez dice son vitales para cualquier refugiado: Una fuente de comida confiable y la dignidad del trabajo.
“He visto gente llorar porque para conseguir una enchilada, un plato de comida, se tienen que sacar una foto”, dijo Ramírez, aludiendo a los protocolos de algunas organizaciones de ayuda. “Es algo duro. Es importante buscar mecanismos, si es que hay alguno, para que la gente haga lo que sabe hacer”.
Lo que Ramírez y otras 57 familias de aquí saben hacer es cultivar. Las plantas de frijoles que se extienden hasta el horizonte son prueba de ello. Todos los días recibe llamadas de nicaragüenses que desean sumarse a una de esas comunidades. Ha tenido que rechazar esos pedidos. Dice que no pueden aceptar más gente hasta que tengan una cadena de suministro de comida afianzada.
La seguridad de estas comunidades es una preocupación. Ramírez ha sido una piedra en el zapato de Ortega por años y ha demostrado que es capaz de movilizar a la gente. A menudo es comparada con la ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada. Las personas nuevas son aprobadas después de una investigación de antecedentes en la que usa su red de contactos adentro y afuera de Nicaragua.
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La activista Francisca Ramírez cierra un portón de un campo cultivado con frijoles en la comunidad de refugiados nicaragüenses que estableció en Upala, Costa Rica, el 7 de febrero del 2020. (AP Photo/Moisés Castillo)
La mayoría de los refugiados que están con Ramírez provienen del sur de Nicaragua y tienen contactos con su Movimiento Campesino. Cuando se rebelaron en abril del 2018 para apoyar a los estudiantes universitarios cuyas protestas estaban siendo reprimidas violentamente, los campesinos eran veteranos con años de persecución del gobierno por su oposición al ambicioso proyecto de Ortega de construir un canal interoceánico, el cual jamás se hizo realidad. Hubiera conectado el océano Pacífico y el mar Caribe y hubiera requerido la confiscación de mucha tierra cultivable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobó que 325 personas murieron en esas protestas, que Ortega describió como un intento fallido de golpe. El gobierno tilda de terroristas a quienes bloquean carreteras. Las matanzas de personas siguen sin ser resueltas y organismos de derechos humanos las atribuyen a agrupaciones paramilitares que trabajan para el gobierno.
Ramírez dejó su granja, su ganado y una flota de camiones que transportaban sus productos a los mercados el 15 de septiembre del 2018 y caminó cinco días, hasta entrar a Costa Rica por un sector no vigilado de la frontera. Dijo que su vida corría peligro y que, en el mejor de los casos, hubiera sido arrestada junto con cientos de personas. Pidió asilo, paró un tiempo en la capital y trabajó en un mercado en otra ciudad.
Igual que la mayoría de los refugiados, le costó salir adelante en un nuevo país. Costa Rica ha brindado una buena acogida a los refugiados y algunos costarricenses ayudaron mucho su causa, según Ramírez.
Un conocido, por ejemplo, le sugirió que alquilase tierra arable y le prestó el dinero para comprar un camión. Otro se ofreció como garante del alquiler de la tierra. Un tercero le facilitó un chiquero. El gobierno agilizó el proceso para permitir que los hijos de refugiados se inscriban en las escuelas. La mayoría de los refugiados de su comunidad ya han pedido asilo.
De todos modos, subsistir mientras esperan la primera cosecha no ha sido fácil. En Costa Rica, la comida, el alquiler y el transporte cuestan entre el doble y el triple que en Nicaragua. Se saltean comidas. El alojamiento sigue siendo precario. Lo mismo que el acceso a atención médica.
“Hay miles de nicaragüenses en diferentes partes de Costa Rica que no tienen ni dónde acampar”, dijo Ramírez. “Se decidieron pues hemos hecho este impulso para buscar mecanismos de que la gente pueda tener siquiera dónde dormir y dónde trabajar”
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Hijos de refugiados nicaragüenses observan un drone que sobrevuela una comunidad de refugiados que cultivan tierras en Upala, Costa Rica, el 7 de febrero del 2020. (AP Photo/Moisés Castillo)
Ha tratado de establecer más asentamientos para refugiados, incluidos uno para artistas y una granja lechera que produce queso al estilo nicaragüense.
En febrero, Kelly Clements, funcionaria de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, visitó la comunidad campesina de Ramírez. El organismo aportó semillas y herramientas a los refugiados para que plantasen 20 hectáreas de frijoles.
“Estas no son donaciones humanitarias”, dijo Clements. “Se trata de suministrar las herramientas y las instalaciones para que la gente pueda cultivar, mantener a sus familias, reconstruir sus vidas”.
Lograr la autosuficiencia, por otro lado, aliviaría la carga de las comunidades que reciben a los refugiados, señaló. Eso es importante en un país con una tasa de desempleo por encima del 12% y una oposición que presiona al gobierno para que les cierre las puertas a los refugiados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados lanzó un programa piloto en coordinación con el sistema de bienestar social de Costa Rica que permitirá a 6.000 personas que piden asilo recibir la misma atención médica que los costarricenses.
Una tarde reciente, Francisco Urbina Hernández estaba instalando un toldo para él y su hijo de 15 años. Había sido liberado hacía poco tras cumplir 15 meses de su condena a cinco años de prisión por participar en protestas antigubernamentales.
A los pocos días de ser excarcelado escuchó rumores de que planeaban matarlo, de modo que partió hacia Costa Rica.
Julio César González, de 55 años, se vino con sus dos hijos para pedir asilo en Costa Rica. Su oposición a Ortega se remonta a los días en que apoyó a los “contras” que trataban de voltear al gobierno sandinista en la década de 1980. Todavía habla en tono reverente de Ronald Reagan, el presidente estadounidense que respaldó a los contras.
González participó junto con Ramírez en las protestas en torno al canal y también apoyó a los estudiantes en el 2018. Si bien la tierra no es suya, dice que poder cultivar en Costa Rica lo ha ayudado mucho. Su hijo mayor ya está estudiante agronomía orgánica en una universidad costarricense.
“No venimos a ser una carga para el gobierno”, afirmó.
González y otros dicen que regresarían a Nicaragua mañana mismo si la situación lo permitiese. Los alimentos que cultivan no son solo para satisfacer sus necesidades. Planean guardar una parte para poder subsistir mientras esperan la primera cosecha cuando regresen a su país.
Mientras tanto, González trata de aprovechar la capacitación que ofrecen a los refugiados, que podría serle útil para volver a Nicaragua.
“Lo importante son los conocimientos que estamos incorporando”, manifestó. “Significa que a Nicaragua vamos a llegar diferentes”.
