[ DOUGLAS R. CLIFFORD | Times ]
Jackeline Roman (izquierda) y Hector Vargas posan en el patio trasero de su casa en Dunedin. La pareja afirma que los crecientes gastos legales podrían obligarlos a vender la vivienda.
Héctor Vargas pasó 61 días detenido en Florida, Texas y Colorado. Este padre y esposo mexicano fue detenido en noviembre pasado por agentes del sheriff del condado de Pinellas, quienes descubrieron que conducía sin licencia válida mientras llevaba a su sobrina a la escuela.
Fue retenido debido a su estatus migratorio. Vargas ingresó al país sin autorización hace 20 años. Posteriormente se casó con una ciudadana estadounidense y tenía un caso pendiente para regularizar su situación migratoria a través de ese matrimonio cuando fue detenido.
Su familia utilizó los pocos ahorros que tenía y pidió dinero prestado a amigos para pagar un abogado. El abogado presentó una petición de hábeas corpus, un recurso legal que se utiliza para impugnar la legalidad de su detención.
Un nuevo sitio web, DetentionHelp , ofrece una forma gratuita de explorar esa opción legal. Fue lanzado recientemente por el National Immigration Project, el Asylum Seeker Advocacy Project y Human Rights First, tres organizaciones sin fines de lucro que trabajan a nivel nacional en temas de inmigración y defensa legal.
El sitio web guía a los usuarios a través de la información necesaria para su caso y proporciona un paquete con instrucciones sobre cómo presentarlo. Los familiares o defensores pueden ayudar a una persona detenida a completar el proceso. Está disponible en inglés y español .
Para muchos inmigrantes, una petición de hábeas corpus puede ser la única vía que les queda para impugnar su detención, pedir a un juez federal que revise su caso y solicitar una audiencia de fianza o su liberación.
Según un análisis de ProPublica , desde enero de 2025 se han presentado en todo el país más de 83 000 peticiones de hábeas corpus para impugnar detenciones prolongadas y potencialmente ilegales.
Sin embargo, el proceso puede resultar costoso dependiendo de la complejidad de las circunstancias. En Florida, estos casos pueden costar más de 10 000 dólares.
Vargas, de 40 años, fue puesto en libertad a principios de este año tras pagar una fianza de 5.000 dólares, ya que un juez consideró su caso de inmigración pendiente para la residencia permanente.
Su liberación estuvo sujeta a ciertas condiciones, entre ellas, llevar un monitor electrónico en el tobillo las 24 horas del día. La familia gastó más de 25.000 dólares en honorarios legales.
Ahora, podrían perder su casa debido a la presión financiera. Iniciaron una campaña en GoFundMe. Los Vargas buscan recaudar 16.000 dólares para pagar los préstamos a corto plazo que obtuvieron para evitar la ejecución hipotecaria de su vivienda, a medida que aumentan los gastos.
[JUAN CARLOS CHÁVEZ | Times]
La herramienta en línea fue creada para ayudar a los inmigrantes y sus familias a presentar peticiones de hábeas corpus y a impugnar su detención.
Desde el año pasado, Florida ha registrado 6.300 peticiones de hábeas corpus relacionadas con casos de detención migratoria. Más de la mitad, unas 3500, se presentaron en el Distrito Medio, que incluye el área de la Bahía de Tampa. Los tribunales de Florida, así como los de Texas y California, pueden resolver las peticiones de hábeas corpus en aproximadamente seis semanas o menos.
Caitlin Bellis, directora de incidencia política del Proyecto Nacional de Inmigración, afirmó que no todas las personas detenidas cuentan con los recursos necesarios para luchar por su liberación. Considera que esta nueva herramienta podría ayudar a quienes, de otro modo, sentirían que no tienen opciones.
“Esta herramienta podría ser un salvavidas para alguien a quien le han dicho durante meses que no hay nada que pueda hacer para salir de la detención”, dijo Bellis.
Según datos federales recopilados por la Universidad de Syracuse, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantuvo a 66 000 inmigrantes detenidos en julio. Aproximadamente el 70 % no tenía antecedentes penales.
Ese mismo mes, según los datos más recientes disponibles, Florida tenía 3934 personas detenidas por el ICE, la quinta cifra más alta entre los estados.
Swapna Reddy, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, elogió la iniciativa en un contexto que describió como sistemas legales "complejos a propósito".
“La libertad de nadie debería depender de si puede encontrar un abogado”, dijo Reddy.