MIAMI — Greyhound, la empresa de autobuses más grande en los Estados Unidos, anunció que no permitirá que agentes de la Patrulla Fronteriza suban a sus autobuses para realizar revisiones de inmigración rutinarias. La compañía hizo el anuncio una semana después de que la agencia de noticias AP reportara sobre un memorándum filtrado de la Patrulla Fronteriza. El documento confirmaba que los agentes no pueden abordar autobuses privados sin el consentimiento de la compañía. Greyhound ya había insistido en que, aunque no le gustaban las inspecciones de inmigración, no tenía más remedio que permitirlas debido a la ley federal.
En un comunicado, la compañía dijo que notificaría al Departamento de Seguridad Nacional que no consiente registros injustificados en sus autobuses ni en áreas de terminales que no están abiertas al público en general. Agregó que proporcionaría a sus conductores y empleados de estaciones de autobuses capacitaciones actualizadas sobre la nueva política y que colocaría engomados en todos sus autobuses que indicaran que no consentía las búsquedas.
Greyhound había sido presionada por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos defensores de derechos de los migrantes. Las voces también apuntaron al fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para que deje de permitir las revisiones en sus autobuses en una franja de 160 kilómetros (100 millas) desde la frontera internacional o de la costa.
Afirman que la práctica es intimidatoria y discriminatoria, y que se ha vuelto más común bajo la presidencia de Donald Trump. Los arrestos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza grabados en video por otros pasajeros han generado críticas, y Greyhound enfrenta una demanda en California que alega que presuntamente violó las leyes de protección al consumidor al facilitar las redadas.
Otras compañías de autobuses -entre ellas Jefferson Lines, que opera en 14 estados, y MTRWestern, que opera en la costa noroeste- han dejado claro que no consienten que los agentes aborden los autobuses. El documento que obtuvo AP tiene fecha del 28 de enero.
