RUSKIN - Por ahora, dijo Ignacio López, tiene su salud y un permiso de trabajo renovable cada año que le permite permanecer en Estados Unidos.
“Si no tuviera todo eso, la historia sería diferente”, dijo López, esposo de 36 años y padre de tres hijos que llegó ilegalmente a Estados Unidos hace más de una década desde México.
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Ignacio López, de 36 años y padre de tres hijos, dijo que perdió $ 4,000 ante un hombre acusado de tomar dinero de inmigrantes y presentar documentos falsos al gobierno en su nombre.
López es uno de los más de 200 inmigrantes en las áreas de Ruskin y Wimauma que confiaron en un hombre para negociar la residencia permanente y la legalidad.
Elvis Harold Reyes, de 56 años, quien se retrató como abogado, pastor, contador y ex funcionario de inmigración, espera juicio por cargos federales de fraude. Enfrenta hasta 20 años de prisión, acusado de robar más de $ 1 millón a sus víctimas.
Mientras tanto, López y otras víctimas han tomado el asunto en sus manos.
Desde febrero han estado trabajando en grupo, hablando por teléfono, compartiendo mensajes de texto y organizando reuniones de Zoom. Se mantienen al día sobre el caso judicial y otros intereses compartidos, incluyendo sesiones informativas sobre cómo pagar el alquiler en tiempos de pandemia. Los 32 miembros del grupo se han acercado aún más y suelen abordar el impacto del coronavirus en sus comunidades.
Ahora, están mirando más allá y sobre sus propios desafíos, ayudando a otros hombres, mujeres y niños necesitados en sus vecindarios. La semana pasada, reunieron donaciones de familiares, iglesias y pequeñas empresas y organizaron la recolección y entrega de alimentos y bolsas de ropa.
El grupo se llama LULAC 7267, un capítulo del grupo nacional de defensa hispano llamado League of United Latin American Citizens (LULAC).
Pensando que sus pagos los ayudarían a permanecer en los Estados Unidos, los miembros ahora no tienen idea de cómo terminarán sus casos de inmigración, dijo Ana Lamb, líder local de LULAC.
“Hacen lo que pueden para ayudar a su gente”, dijo Lamb. “No es fácil ayudar a otros cuando también tienen sus propios problemas legales”.
La mayoría de las víctimas perdieron el dinero que habían estado ahorrando durante años, dijo López, un trabajador del servicio de jardinería. Reyes lo defraudó con $ 4,000.
“Ha sido muy difícil. Somos personas humildes con familia e hijos", dijo López.
Otro miembro del grupo, el trabajador agrícola de 65 años José Guillén, dijo que perdió $ 3,500 con Reyes. No sabe cómo va a recuperar el dinero o sus esfuerzos para obtener la residencia legal, pero encuentra consuelo trabajando con otras víctimas.
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José Guillén (centro) perdió $ 3,500 con Reyes en su intento de obtener una residencia legal. Recientemente ayudó a Ignacio López (izquierda) y Ana Lamb (derecha) a distribuir ropa en Ruskin.
"Nadie nos dijo que la vida es fácil", dijo Guillén. "Pero creo que la vida es más llevadera cuando los amigos y las personas honestas te apoyan".
Reyes llegó a los titulares en junio cuando docenas de inmigrantes hispanos lo acusaron de fraude, diciendo que ofreció ciudadanía, asilo político y tarjetas verdes a cambio de tarifas de $ 4,000 a $ 5,000 cada uno.
Un gran jurado federal en Tampa lo acusó de ocho cargos de fraude postal, ocho cargos de hacer declaraciones falsas en documentos de inmigración y nueve cargos de robo de identidad agravado. Se le acusa de presentar 215 solicitudes de asilo fraudulentas a través de su EHR Ministries Inc.
Reyes presentó documentos a las autoridades de inmigración en nombre de sus clientes, a menudo una solicitud de asilo o una "protección de retención de deportación" según lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra Tortura, según la acusación.
Pero no informó a sus víctimas de la información que estaba proporcionando, en gran parte falsa, inexacta e incompleta, dice la acusación.
Al principio, parecía que el proceso legal estaba funcionando para sus clientes. Muchos recibieron un permiso de trabajo temporal y una licencia de conducir, mientras que las autoridades revisaban sus casos. Creían que estaban a salvo.
Pero a medida que fueron apareciendo las fallas en los papeleos, sus probabilidades de obtener la residencia permanente disminuyeron y muchos corren ahora el riesgo de ser deportados.
Las víctimas desconocían el pasado criminal de Reyes: condenas por robo a gran escala, uso de cheques sin valor y asalto agravado. Su condena a prisión más reciente terminó en 2008.
En marzo, los fiscales recomendaron que retengan a Reyes sin derecho a fianza después de ser llevado bajo custodia a un hospital local quejándose de palpitaciones cardíacas. Posteriormente mintió al personal del hospital, frente a los agentes, al quejarse de que estaba enfermo de coronavirus, según documentos judiciales.
Reyes negó haber hecho el reclamo. Los fiscales lo calificaron de “mentiroso patológico”.
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Reyes, de 56 años, tiene un extenso récord criminal y ahora podría enfrentar hasta 20 años en prisión federal.
Un juez negó la moción y fijó la fianza en $ 25,000, con condiciones a seguir: detención domiciliaria con un dispositivo de monitoreo electrónico, ningún tipo de contacto con personas involucradas en la investigación y viajes al exterior solo para citas médicas, tratamiento por abuso de sustancias, reuniones de abogados y comparecencias ante el tribunal.
Reyes fue puesto en libertad condicional mientras espera juicio.
