CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jackeline Reyes y su hija de 15 años salieron de Honduras con la idea de pedir asilo en Estados Unidos. Ahora sólo piensan en regresar, pero las decisiones de tres países en medio de la pandemia del el COVID-19 las mantiene encerradas en una habitación a casi 1,000 kilómetros del resto de su familia.
Apenas cruzaron el río Bravo, Estados Unidos las devolvió a una de las regiones más peligrosas de México. México las abandonó 1,700 kilómetros más al sur, en el límite con Guatemala, donde agentes migratorios les aconsejaron cruzar “por el monte” porque la frontera estaba cerrada. Pero militares guatemaltecos les bloquearon el paso en la montaña y las devolvieron a México.
“Estoy desesperada”, dijo la mujer vía telefónica a The Associated Press desde un albergue en el sur mexicano en el que está en cuarentena. Reyes no deja de pensar en su familia, que tuvo de cambiar de ciudad de Honduras cuando asesinaron a su hermano mientras ella ya estaba rumbo al norte.
Estados Unidos ha utilizado una turbia orden sanitaria para justificar agresivas medidas de contención fronteriza que echan por tierra leyes nacionales e internacionales vigentes durante décadas.
Desde el 20 de marzo y durante 30 días, se ha restringido la movilidad y Washington devuelve de forma inmediata a quien cruce la frontera sur del país ilegalmente aunque huya de la violencia y quiera pedir asilo. El argumento oficial es que cualquiera puede propagar el coronavirus, aunque la epidemia está más extendida en ese país que en sus vecinos del sur.
México, una vez más, ha dado su apoyo a Estados Unidos al aceptar no sólo a mexicanos, que ahora pueden ser devueltos a cualquier hora del día o la noche, sino a migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras -de donde proceden más de la mitad de los arrestados por la Patrulla Fronteriza-, a quienes mueve en autobuses para, en muchos casos, expulsarlos de forma brusca por el sur.
Las excepciones, explicó el cónsul mexicano en San Diego, Carlos González, son los menores no acompañados y las personas vulnerables.
Ninguno de los dos países ha dado mucha información sobre el alcance de las medidas pactadas y ni la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ni el Instituto Nacional de Migración de México (INM) aclararon las consultas realizadas por AP.
“Es la peor coyuntura migratoria de la región en muchos años, la más excluyente, la más discriminatoria y con violación de los derechos humanos desde Estados Unidos hasta Honduras”, dijo Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM. El objetivo, añadió, es “migración cero y refugio cero”.
La administración de Donald Trump ha hecho “lo que siempre quiso hacer”, coincidió Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Consejo de Inmigración Americano. “No veo que esto vaya a suavizarse”.
En la misma línea, 10 senadores demócratas enviaron esta semana una carta al Departamento de Seguridad Nacional en la que subrayaron que la crisis sanitaria no da al Ejecutivo “carta blanca para violar derechos constitucionales ni operar al margen de la ley”.
Sin embargo, en menos de dos semanas 7.000 migrantes han sido expulsados por Estados Unidos, algunos directamente a sus países y otros a México, según un asesor legislativo que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del tema. El asesor indicó que también están devolviendo a menores que viajaban con familiares no directos aunque antes estos menores eran objeto de asilo de forma inmediata.
Reyes y su hija fueron expulsadas a fines de marzo, justo después de que la hondureña de 35 años escuchó hablar por primera vez del COVID-19 de boca de un miembro de la Patrulla Fronteriza.
“La agente nos explicó lo del virus y que no podíamos pasar”. Su idea era pedir asilo pero “no nos dejaron ni hablar”, agregó. Durante su viaje asesinaron a su hermano en Colón, Honduras, por lo que madre y su otra hija, de 7 años, tuvieron que huir a otra ciudad cerca de la frontera con Nicaragua.
CBP les tomó fotos y huellas y “de ahí nos tiraron a migración de Reynosa”. Los agentes estadounidenses no le hicieron ninguna pregunta sobre su salud. Los mexicanos le preguntaron si se sentían mal o tenían temperatura.
Muchos albergues para migrantes en México, tanto en la frontera norte como en el centro y el sur, han cerrado sus puertas a nuevos ingresos por temor a que quienes lleguen estén contagiados de coronavirus. Y en algunos casos, como en un hospedaje privado de Piedras Negras en el estado de Coahuila, en el centro de la frontera mexicano-estadounidense, 80 migrantes fueron dejados en la calle por orden municipal, denunció Obed Cuellar, uno de sus trabajadores.
De forma paralela, tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano han intentado reducir el número de migrantes retenidos en sus respectivas instalaciones con el argumento de evitar brotes del coronavirus.
La semana pasada CBP tenía en custodia a unas 300 personas frente a las 19.000 de los meses más concurridos del año pasado.
Y el mayor centro de detención migratoria de México, la estación siglo XXI del sureño estado de Chiapas, generalmente sobrepoblada, no llegaba a fines de marzo al 50% de su capacidad con poco más de 400 migrantes, según datos oficiales.
Los llamamientos para que se libere a los migrantes retenidos -que en México han protagonizado varias protestas por miedo a contagios en las últimas semanas- han sido una constante de distintas entidades, incluidas agencias de las Naciones Unidas.
Uno de los puntos que más preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones es el campamento irregular de Matamoros, junto al puente que une esta ciudad mexicana con Brownsville, Texas. Allí no sólo han llegado expulsados en estas semanas sino que se acumulan desde hace casi un año más de 1.500 migrantes de los más de 60.000 devueltos por Estados Unidos para seguir su proceso de asilo en México a través del programa conocido como “Permanecer en México”, actualmente recurrido en las cortes y suspendido temporalmente por la pandemia.
De hecho, el exjefe de la agencia migratoria mexicana cree que la crisis del COVID-19 ha permitido a Trump culminar una estrategia que comenzó con el inicio de ese programa, siguió con el pacto de junio para que México desplegara a la Guardia Nacional con el fin de evitar aranceles estadounidenses y continuó con los acuerdos que Washington firmó con Guatemala, Honduras y El Salvador para que funcionaran, de facto, como tercer país seguro.
En toda esta estrategia, México ha colaborado modelando el marco legal a sus intereses.
Reyes, por ejemplo, firmó en Reynosa, en la frontera norte, una “notificación de acuerdo de salida definitiva”, un documento que, según tres expertos consultados por AP, constituye un procedimiento irregular y no fundamentado porque teóricamente sólo aplica si la persona ha desobedecido una orden de salida previa, algo que la hondureña no había hecho.
A diferencia de un “retorno asistido” -la forma en la que el INM se refiere habitualmente a las deportaciones- la “salida definitiva” no conlleva el traslado al país de origen y además penaliza al migrante, que puede ver bloqueada durante un tiempo su intención de iniciar cualquier trámite migratorio en México, incluido el asilo.
“Son expulsiones arbitrarias” que violan los principios defendidos por la legislación internacional, indicó Lorena Cano, coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración. “México está respondiendo en efecto dominó: Estados Unidos devuelve a México y México a los países de origen sin el debido proceso”.
Reyes no sabía nada de esto cuando firmó el documento y se subió a un autobús con otros centroamericanos con destino a Ciudad Hidalgo, la frontera con Guatemala, por la que se deporta habitualmente a los centroamericanos.
El INM, que ha realizado algunos retornos de migrantes a Honduras y Guatemala pese a los cierres de fronteras impuestos por el COVID-19, no ha informado públicamente de estos traslados. Pero el miércoles varios buses llegaron a otro cruce fronterizo, Talismán, bajaron a los migrantes y luego volvieron a subirlos con destino la estación siglo XXI, según un trabajador humanitario que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.
El autobús en el que viajaba Reyes se dirigía teóricamente a Ciudad Hidalgo pero acabó 600 kilómetros al este, en el inhóspito paso de El Ceibo.
“Los agentes de migración nos dijeron que teníamos que pasar por el monte, rodear una montaña” si queríamos cruzar a Guatemala porque la frontera estaba cerrada, contó Reyes. Varios lo lograron, pero algunos acabaron como la hondureña.
Cuarto adultos con siete niños fueron acogidos por un vecino en el lado guatemalteco después de pasar una noche a la intemperie. Ahí llevan dos semanas sin poder moverse en un país que por el virus instauró un estricto toque de queda.
“Queremos irnos ya, pero no sé quién nos puede ayudar”, se lamentó vía telefónica Fanny Jaqueline Ortiz, una hondureña de 37 años que viaja con sus hijas de 12 y 3 años. “No hay transporte, no hay bus, no hay nada”.
Reyes comparte la angustia desde territorio mexicano. “Dos veces nos subimos al monte pero los militares nos regresaban, les decíamos que queríamos llegar a Honduras pero decían que no”. Sólo una persona le ofreció una opción para volver a Honduras: un traficante. No aceptó porque no tenía dinero.
“Nunca me imaginé esto”, afirmó. “Si uno va para su país tendrían que dar paso ¿no cree?”.
