BRANDON — Luis Quixtan vivió una infancia llena de sentimientos encontrados. De su Guatemala natal tiene recuerdos de sus amigos, navidades y cumpleaños. Pero también recuerda el horror de la inseguridad que se vivía en sus calles.
Creció en un país donde la violencia, la actividad de las pandillas y la corrupción policial son comunes. A los 11 años, casi lo secuestran cuando salía de una tienda en su vecindario. Dos hombres lo siguieron e intentaron detenerlo. Quixtan logró evadirlos hasta llegar a casa sano y salvo.
Su familia llegó a Estados Unidos hace 18 años huyendo de la violencia. No podía dormir bien, dijo Quixtán, pensando que lo podrían deportar y enviar de vuelta a Guatemala.
Hace una década, cuando Quixtan tenía 20 años, solicitó por primera vez el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. El expresidente Barack Obama estableció el programa para niños inmigrantes indocumentados el 15 de junio de 2012, a través de una orden ejecutiva. Ahora, unas 611.470 personas están bajo su protección.
Quixtan pensó que era una solución temporal que le permitiría quedarse en el país sin ser deportado.
Pero después de una década del programa, el Congreso aún no ha aprobado una legislación para que los jóvenes inmigrantes soliciten un estatus legal permanente.
“Hemos estado esperando tanto tiempo”, dijo Quixtan, que ahora tiene 30 años.
Defensores de la inmigración y activistas locales marcaron el décimo aniversario del programa pidiendo una solución definitiva.
“Este aniversario de DACA debe ser el último sin que el Congreso actúe para brindarles a los Soñadores un camino hacia la ciudadanía”, dijo en un comunicado Ted Hutchinson, director de FWD.us en Florida, una organización bipartidista que trabaja para reformar los sistemas de inmigración y justicia penal.
Según FWD.us, 23,600 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia solo en Florida pagan $290 millones en impuestos anuales federales, estatales y locales. Los ‘Soñadores’ abarcan el 21 % de la población de inmigrantes indocumentados de Florida y el 60 % ha vivido en los EE. UU. durante más de una década.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia está abierto a aquellos que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños antes de los 16 años, tienen un historial limpio y han vivido en el país por lo menos cinco años. El programa proporciona a los beneficiarios un número de Seguro Social para trabajar y los invita a renovar su estatus cada dos años. No ofrece un camino hacia la ciudadanía o el derecho al voto.
Los llamados ‘Soñadores’, o Dreamers en inglés, conocidos por la Ley Dream, una propuesta para otorgar estatus legal a los jóvenes, habían sido objeto de deportación por parte del expresidente Donald Trump y los abogados republicanos. En julio pasado, en Texas, el juez federal de distrito Andrew Hanen falló en contra del programa, prohibiendo nuevas aplicaciones pero dejándolo intacto para los destinatarios existentes. Más de 600.000 jóvenes inmigrantes no pueden procesar sus solicitudes por primera vez debido a la decisión del juez.
El próximo mes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchará argumentos sobre la constitucionalidad del programa. Es probable que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la política más adelante este año, lo que abre la posibilidad de que la batalla legal termine en la Corte Suprema, según los defensores.
Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia han aumentado la asistencia a la escuela secundaria y las tasas de graduación, según el Instituto de Política Migratoria no partidista. Debido a sus trabajos e ingresos, dijo el instituto, los ‘Soñadores’ o Dreamers contribuyeron con casi $42 mil millones al producto interno bruto de EE.UU. cada año y agregaron $3.4 mil millones al balance general federal.
Pero miles de ‘Soñadores’ han visto demoras en sus solicitudes de renovación, poniendo en peligro el estatus legal que les permite permanecer en los Estados Unidos. Algunos destinatarios informaron haber perdido sus trabajos o haber sido suspendidos mientras esperan que se procesen sus solicitudes. Otros trabajan para empleadores dispuestos a darles más tiempo.
Durante muchos años, activistas, líderes espirituales y defensores han instado al Congreso a trabajar juntos por la reforma migratoria.
Cirenio Cervantes, de 28 años, líder comunitario de Faith en Florida, una organización sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes, dijo que el programa ha brindado una oportunidad para muchos, incluido él.
Cervantes llegó con sus padres del estado mexicano de Guerrero cuando tenía 7 años. Fue aceptado en el programa en 2013 y usó su estatus legal para estudiar en la Universidad del Sur de Florida, donde recibió una licenciatura en biología. El programa, dijo, le ha permitido sentirse parte de su comunidad. Puede conducir y vivir sin el temor constante de ser deportado. Sin embargo cuestionó que no se alcance una fórmula definitiva.
“DACA es solo una solución temporal y seguiremos abogando por algo más permanente”, dijo Cervantes. “No solo para nosotros sino también para nuestros padres”.
Los padres de Quixtan, Ángel y Sandra Quixtan, de 60 años, eran médicos de familia y dirigían una clínica médica en Guatemala. Huyeron a los EE.UU. en 2004 debido a los disturbios y la violencia crónica en su país. Dijeron que vieron robos a mano armada y hombres baleados en medio de la calle. Muchas veces tuvieron que salvar la vida de personas en su clínica, hombres y mujeres víctimas de la violencia y la inseguridad callejera.
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Sandra Quixtan, de 60 años, sostiene una foto tomada en la primera comunión de su hijo, Kevin Quixtan, en Ciudad San Cristóbal, Guatemala en 2003. Los Quixtan huyeron de las amenazas de violencia en Guatemala en 2004 con sus cinco hijos, en la foto d...
La pareja dijo que abandonaron su práctica médica después de ser asaltados en su casa por pandillas y paramilitares. El detonante, sin embargo, fue el intento de secuestro de su hijo mayor y las amenazas de que los matarían si no pagaban un rescate de $5.000 dólares. En Estados Unidos, los padres de Luis Quixtan consiguieron diferentes trabajos y sobrevivieron trabajando lo más que pudieron. Angel pintaba casas y trabajaba en tiendas. Sandra se convirtió en cuidadora.
Huir a Estados Unidos no era una opción. Era una cuestión de vida o muerte, dijo Luis Quixtan.
Él se graduó con honores de Brandon High School, en una comunidad no incorporada al este de Tampa. Era miembro de la Orquesta Juvenil del Conservatorio Patel en Tampa y vivía en Brandon con sus padres y hermanos, tres de ellos también beneficiarios y músicos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: Christian, 27, Kevin, 25 y Sandra, 23.
Quixtan ahora trabaja a tiempo completo cuidando a personas mayores. En los últimos dos años, a menudo ha trabajado hasta 80 horas cuidando pacientes en medio de la pandemia. Nunca se enfermó hasta hace un par de semanas cuando, dijo, contrajo COVID-19.
También está estudiando para obtener un título en biología de St. Petersburg College y poder convertirse en médico. En 2020 se casó con su novia Michelle, ciudadana estadounidense, y tienen un hijo de 11 meses. Ahora puede arreglar su estatus legal a través de su esposa, pero Luis Quixtan dijo que la presión y el desafío emocional nunca terminan para los ‘Soñadores’.
“Cuando DACA llegó a nosotros, fue como un sueño hecho realidad”, dijo. “Pero puede cambiar en cualquier momento”.
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