Por SCOTT SMITH
CARACAS (AP) — Un tribunal de Venezuela ha iniciado el juicio de seis ejecutivos petroleros estadounidenses que han estado encarcelados durante más de dos años después de haber sido arrestados en la nación sudamericana por cargos de corrupción, confirmó el viernes un abogado.
El caso parece haber tomado un nuevo sentido de urgencia, que el abogado defensor Jesús Loreto acreditó a la reciente reunión del exgobernador de Nuevo México Bill Richardson con el presidente Nicolás Maduro en Caracas.
“Seguimos con muchas esperanzas de que las cosas mejoren rápidamente”, dijo Loreto a The Associated Press después del día de apertura del juicio el jueves. “Ayer mostraron un interés muy claro en que el proceso avance, y avance con rapidez”.
Loreto dijo que una señal positiva era que pudo reunirse con su cliente, Tomeu Vadell, por primera vez en seis meses. Cada uno de los acusados dijo que habían sido tratados con “mucha dignidad y con mucho decoro”, a pesar de la violación de sus derechos constitucionales al retenerlos durante dos años sin un juicio, dijo Loreto.
Su calvario comenzó justo antes del Día de Acción de Gracias de 2017, cuando los seis ejecutivos de Citgo, con sede en Houston, recibieron una llamada del director de la empresa petrolera venezolana PDVSA, la empresa matriz de Citgo, para convocarlos a Caracas a una reunión de último minuto sobre el presupuesto.
Una vez que llegaron, agentes de seguridad armados y enmascarados irrumpieron en una sala de conferencias y los arrestaron por cargos de malversación de fondos derivados de una propuesta nunca ejecutada de refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. Maduro en ese momento los acusó de traición.
Los hombres son Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y José Pereira. Cinco de ellos son venezolanoestadounidenses con profundas raíces en Texas y Luisiana, y uno es residente permanente de Estados Unidos.
Han estado detenidos la mayor parte del tiempo en la penitenciaría del Helicoide, una temida prisión de Caracas operada por el servicio de inteligencia de Venezuela.
El juicio de los seis hombres se desarrolla en un contexto de hostilidad entre Washington y Caracas. El año pasado, el gobierno de Trump brindó su apoyo al líder de la oposición Juan Guaidó, quien se declaró el presidente encargado de Venezuela y prometió expulsar a Maduro.
Guaidó culpa a Maduro por el colapso económico y social de la nación, mientras que el líder socialista dice que Washington está manipulando a Guaidó para robar la vasta riqueza petrolera de Venezuela.
A mediados de julio, Richardson hizo una visita humanitaria a Venezuela para instar a Maduro a liberar a los hombres. Se fue sin ganar su libertad, pero las autoridades más tarde pusieron a dos de ellos — Cárdenas y Toledo — en arresto domiciliario en Caracas, mientras que los otros cuatro permanecieron en la cárcel.
Richardson, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Bill Clinton, ha abierto canales diplomáticos informales con varios gobiernos hostiles, incluyendo Irán, Cuba y Corea del Norte, para lograr la liberación de unos 40 estadounidenses.
Otros dos ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela son ex boinas verdes —Luke Denman y Airan Berry— y fueron arrestados en mayo mientras participaban en una fallida incursión desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro.
El abogado Loreto sostiene que su cliente, Vadell, es inocente de los cargos y que debería ser liberado para regresar a casa con su familia en Estados Unidos.
“No hay una prueba, una sola, una prueba que tenga el nombre de Tomeu Vadell”, dijo Loreto. “Ni directa ni indirectamente”.
La Asamblea Nacional, con mayoría opositora, publicó el jueves que un brote del nuevo coronavirus en la prisión del Helicoide ha enfermado a otros internos que considera presos políticos. Exigió que se permita que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inspeccione la cárcel.
“Es urgente que permitan el ingreso de una comisión que evalúe la situación de los presos políticos”, tuiteó la Asamblea. “Además de ser inocentes y sufrir torturas, su salud es ignorada en medio de pandemia”.
El ministerio de información pública de Venezuela no respondió por el momento a una solicitud enviada por The Associated Press por correo electrónico en la que se pedía un comentario sobre las condiciones en la prisión.
