TAMPA (AP)- Un otrora destacado agente antinarcóticos de Estados Unidos que usó su placa para construir un estilo de vida lujoso de autos caros, fiestas en yates y joyas Tiffany fue sentenciado a más de 12 años en una prisión federal por conspirar lavando dinero con un cartel colombiano.
Pero incluso cuando José Irizarry admitió sus crímenes, culpó a ex colegas de la Administración de Control de Drogas de EEUU por fomentar una cultura de corrupción que lo insensibilizó ante las implicaciones de violar la ley.
“Cuando mi cliente se unió a la DEA, fue instruido en cómo ser corrupto, fue instruido en cómo violar la ley”, dijo su abogada, María Domínguez, en la corte. “En este universo alternativo se hizo más fácil y menos sospechoso aceptar dinero y obsequios” de informantes criminales que trabajaban con la principal agencia de narcóticos de Estados Unidos.
La jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Charlene Honeywell, al dictar su sentencia expresó su disgusto con la DEA por sus fallas y dijo que otros agentes corrompidos por “el encanto del dinero fácil” también debían ser investigados.
“Esto tiene que terminar”, dijo el juez. “Usted fue el que fue atrapado, pero es evidente para este tribunal que hay otros”.
La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Los fiscales han descrito los crímenes de Irizarry como una “violación escandalosa de la confianza del público”.
Las acusaciones de Irizarry subrayan que se le confió el uso por parte del gobierno de empresas fachada, cuentas bancarias fantasma y mensajería para combatir el tráfico internacional de drogas.
También plantean nuevas preguntas sobre si sus colegas en la oficina de campo de Miami, donde comenzó la actividad criminal de Irizarry, abusaron de manera similar de la placa en su manejo de informantes confidenciales que cada año mueven decenas de millones de dólares en dinero sucio bajo la supervisión de la DEA.
Domínguez en los documentos judiciales reveló que desde el arresto de Irizarry el año pasado se ha reunido con los fiscales durante “horas interminables” para proporcionar información sobre las actividades delictivas de “compañeros agentes de la ley que lo iniciaron en una vida delictiva”.
Honeywell selló recientemente documentos “sensibles” presentados en el caso penal, diciendo que su divulgación podría potencialmente impedir una investigación criminal en curso, hacer que los objetivos huyan y obstaculizar la cooperación de otros testigos. Hasta ahora, aparte de la esposa de Irizarry, Nathalia Gómez-Irizarry, y un trabajador de aduanas colombiano, nadie más ha sido acusado de conspiración.
El Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos criticó a la DEA en un informe durante el verano por no supervisar adecuadamente lo que se supone que son ataques estrictamente monitoreados del tipo en el que trabajó Irizarry. Como resultado de la reprimenda, que se produjo tras una serie de escándalos que involucraron a agentes en el extranjero, Anne Milgram, la nueva administradora de la DEA, ordenó una revisión externa de las operaciones extranjeras de la agencia, que está en curso.
La DEA se ha visto sacudida por repetidos casos de mala conducta en los últimos años, incluidos agentes acusados de fraude electrónico, soborno y venta de armas de fuego a narcotraficantes. La audiencia del jueves se produjo apenas cuatro meses después de que otro antiguo agente de la DEA, Chad Scott, fuera condenado a más de 13 años tras las rejas por robar dinero a sospechosos, falsificar registros gubernamentales y cometer perjurio.
La DEA contrató a Irizarry, de 47 años, y le permitió manejar transacciones financieras delicadas incluso después de que reprobó un examen de polígrafo, se declaró en bancarrota y mantuvo estrechos vínculos con un presunto blanqueador de dinero que se convertiría en el padrino de las hijas gemelas del agente con su esposa de origen colombiano.
Se declaró culpable de 19 cargos federales, incluido fraude bancario, admitiendo que aprovechó su experiencia en lavado de dinero en una vida de lujo que, según los fiscales, fue financiada con $ 9 millones que él y sus co-conspiradores desviaron de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero.
El botín incluía un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000 para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de $ 767,000 en Cartagena - además de residencias en el sur de Florida y Puerto Rico. Antes de su dimisión en 2018, los hábitos ostentosos de Irizarry y las historias de estridentes fiestas en yates se habían hecho conocidas entre los agentes de la DEA y los fiscales con los que trabajaban.
Para promover el plan, dijeron los fiscales, Irizarry presentó informes falsos y ordenó al personal de la DEA que transfiriera dinero programado para operaciones encubiertas a cuentas internacionales que él y sus asociados controlaban. La DEA debería haber rastreado cuidadosamente el dinero como parte de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero, dijeron los fiscales.
Irizarry ha afirmado que las cuentas bancarias en cuestión equivalían a un “fondo para sobornos” que generaba ganancias para viajes oficiales y personales de las fuerzas del orden federal, fiscales estadounidenses y fuentes confidenciales.
Domínguez dijo que Irizarry aceptó toda la responsabilidad por sus acciones, pero que su participación en la conspiración nunca superó los 600,000 dólares.
En la sentencia del jueves, Irizarry rompió a llorar cuando se dirigió a la corte y dijo que el mayor castigo era no poder explicarles a sus dos hijas pequeñas por qué se iría por tanto tiempo. Dijo que cuando se convirtió en agente del orden público federal hace dos décadas, lo hizo con gran orgullo.
“Desafortunadamente, llegó un momento en que tomé una decisión que iba en contra de la persona que era, que dañó a mi esposa y avergonzó a mi país”, dijo. “Debería haberlo sabido mejor y no lo hice. Fallé.”
- Joshua Goodman y Jim Mustian
